A cuatro años del 27-F: ciudades neoliberales y vulnerables

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TERREMOTO CHILE

El sistema de subsidio habitacional, que continúa hasta hoy, significó un cambio trascendental debido a que dirigía la demanda de aquellos que necesitaban una vivienda hacia el mercado. Además del endeudamiento de los beneficiarios, este sistema introdujo la idea de que “la vivienda era un bien que uno sólo podía obtener a través del esfuerzo propio; el subsidio del Estado sería canalizado a los más necesitados, como una recompensa por sus esfuerzos” (Cámara Chilena de la Construcción, 1991, pp. 90-91). Rodríguez y Sugranyes (2005) afirman que el subsidio habitacional no es una política habitacional propiamente tal, sino que “es ante todo un mecanismo financiero de apoyo al sector empresarial inmobiliario y de la construcción”. En pleno ajuste estructural de la década de 1980, la prioridad para el Estado de Chile era sobre todo estabilizar al sector empresarial de la construcción.

La construcción masiva de viviendas para los pobres –de mala calidad y localizadas en la periferia– logró hacer acallar las reivindicaciones sociales durante varios años, permitiendo acceder a viviendas en régimen de propiedad privada a una buena parte de los sectores más pobres. Sin embargo, la política de vivienda ha generado una crisis al crear “guetos” de pobreza urbana, entendidos como zonas de pobladores “con techo” (Rodríguez, 2005).

 RECONSTRUCCIÓN DESPUÉS DE 2010: ¿LA MISMA RECETA?

Diferentes informes (MNRJ, 2011a ; Rolnik, 2011 ; INDH, 2012 ; Misión ONU- HABITAT, 2010) realizados después del terremoto por organizaciones de defensa de los derechos humanos, muestran la “ideología de la reconstrucción”, tema que ha sido abordado en algunos artículos y hasta en editoriales de prensa. En “El fracaso ideológico de la reconstrucción”, Pérez (2011) plantea que “este modelo (de la reconstrucción) resulta de un enfoque que desarticula el Estado, transfiriendo sus capacidades a privados considerados como: exitosos, poderosos y preeminentes en el mercado”. En el proceso de reconstrucción, el acento ha estado en la asignación de subsidios, la simplificación de la burocracia y la facilitación de la participación del sector privado, mientras a las víctimas se les asignan viviendas de calidad cuestionable, segregadas, alejadas de su vida cotidiana y sus redes, concebidas como una solución de emergencia, que se eterniza.

 INSEGURIDAD Y DESPLAZAMIENTOS DESPUÉS DEL TERREMOTO/MAREMOTO DE 2010 EN CHILE

Los territorios más afectados por el terremoto/maremoto de 2010 fueron sobre todo los centros históricos de las principales ciudades del interior y los bordes costeros de las localidades litorales. Variados autores (Davis, 2005; Klein 2007; Harvey 2007) han escrito sobre como los procesos post desastres pueden ser oportunidades fértiles para la expropiación de terrenos bien localizados. El “capitalismo de desastres” en estos casos no tiene escrúpulos, sus agentes especulativos comienzan actuar casi al mismo tiempo que las primeras ayudas llegan a los territorios durante la etapa de emergencia.

Según testimonios recogidos en terreno a pocos días del terremoto –y corroborados por otros autores–, llegaron “agentes inmobiliarios” ofreciendo comprar rápidamente los terrenos, a valores mucho más bajos que los que tenían antes del terremoto, principalmente en los centros históricos de la ciudades, donde muchas viviendas estaban destruidas. Algunas familias vendieron, entre la desinformación y el shock, pensando que era mejor tener un poco de dinero rápido, pero sin valorar su patrimonio, sobre todo a mediano y largo plazo. Este proceso ha continuado luego dilatadamente en el tiempo, ahora asumido como normal, dándole continuidad al libre mercado de suelo, pero en nuevo contexto, donde el terremoto actuó como una gran retroexcavadora haciendo “tábula rasa” y limpiando de viviendas “viejas” y, con ello, de sus “viejos” habitantes a los barrios céntricos. En todo este proceso podemos identificar cinco principales tipos de desplazamientos de las poblaciones damnificadas:

-Desplazamiento por zonas de riesgos con expropiaciones del Estado: en las localidades costeras se ha justificado el desplazamiento de importantes cantidades de habitantes al definir zonas de riesgos de tsunamis. Parece sensato prevenir futuros desastres, pero cuando hay tratos diferentes en las expropiaciones según la clase social (Constitución), o cuando se reconstruyen sólo algunas viviendas en el borde costero y otras en los cerros (Dichato), las contradicciones se hacen mayores, aflorando intereses inmobiliarios.

– Desplazamiento por el modelo subsidiario de reconstrucción de viviendas del Estado-mercado o gentrificación apoyada por el Estado: Como explicamos antes, el modelo subsidiario de vivienda en Chile hace que el mercado se encargue de proveer las viviendas sociales. Entonces, los desarrolladores buscan generar economías de escalas (construyendo muchas viviendas juntas) y en terrenos baratos (en la periferia). El caso de Constitución es emblemático, ya que la gran mayoría de los damnificados que vivían en el borde costero fueron trasladados a los cerros a varios kilómetros de sus barrios originales, a conjuntos de viviendas sociales periféricos. Este modelo, que se reproduce en todas las ciudades, se hace más patente en las de tamaño medio y metropolitano.

– Desplazamiento de los no propietarios: arrendatarios, allegados y familiares que no eran propietarios de las viviendas destruidas o de sus terrenos, se ven obligados a desplazarse a nuevos territorios, sobre todo en las periferias. Muchos ni siquiera pudieron optar a los subsidios de reconstrucción por no ser propietarios. No existen datos de la cantidad de desplazados no propietarios a nivel nacional, ya que han sido completamente invisibilizados del proceso, al no ser aptos para la “focalización” de la reconstrucción, que ya desde un comienzo dejó a más de 65.000 familias damnificadas fuera de la opción a optar a subsidios de reconstrucción.

– Desplazamiento por el mercado o gentrificación post desastres: procesos habituales en un contexto de ciudades neoliberales, donde el mercado de suelo esta liberalizado, el contexto post desastre claramente los facilitó y aceleró. El caso del centro de Talca es elocuente, así también Curicó y en alguna medida las ciudades costeras de Constitución y Dichato. En el caso de Talca, impresiona visitar los barrios del centro y darse cuenta cómo a cuatro años del terremoto en los mismos terrenos donde había antiguas casas que se derrumbaron y que habitaban pobladores empobrecidos, pero bien localizados, empiezan a emerger grandes edificios de departamentos y condominios de casas de alto valor.

– Desplazamiento de no damnificados, aprovechando la oportunidad de la reconstrucción: el Estado definió como damnificados y como sectores que debían reconstruirse barrios completos que no fueron afectados por el terremoto, pero que por sus localizaciones estratégicas tienen un tremendo potencial inmobiliario especulativo. Lo paradójico es que hoy estos pobladores son damnificados del propio Estado que quiere expulsarlos –y no del terremoto–, para generar un negocio privado y especulativo. En el caso de Chiguayante, el barrio ya ha comenzado a ser demolido, en un proceso bastante opaco, que bordea lo ilegal. Al ser los habitantes “falsos” damnificados del 27F, se generó escándalo de corrupción que le costó el puesto a la ex Intendenta de la región (que acaba de ser elegida senadora), pero el proceso de desplazamiento ha seguido su curso.

De estos cinco tipos de casos podemos encontrar varios que se superponen en algunos territorios. Podríamos identificar estos procesos de desplazamiento y despojos como de “acumulación por desposesión”, siguiendo las tesis de Harvey.  En otro sentido habría que discutirlos desde el enfoque de la seguridad de la tenencia, dado que es un componente central del derecho a la vivienda adecuada. La relatora de Nacional Unidas, en su informe del año 2011, desarrolla bastante este punto y pone el caso chileno como un ejemplo de violación a este derecho.

LA FUNCIÓN SOCIAL DEL SUELO Y LA PROPIEDAD

“Vemos entonces cómo se replica la política de vivienda subsidiaria, que expulsa a los pobres a las periferias y genera ciudades segregadas, dejando a los pobladores afectados desarraigados de sus lugares de origen, donde mantenían redes y tejidos sociales, además de poder acceder a servicios públicos e infraestructura inexistente en las periferias. Al parecer los ‘desastres socio-naturales’ como maremotos, terremotos o incendios se utilizan como oportunidades para ‘limpiar’ terrenos de sus habitantes originales y darles plusvalías para el mercado inmobiliario. Esto se ve reflejado en las mismas declaraciones del ministro de Vivienda, quien destaca como un logro de la reconstrucción ‘la vitalidad del sector privado’, pero a costa de los de siempre, los pobres de la ciudad”.

Frente a este panorama de desplazamientos y reconstrucción neoliberal nacen procesos de organización y resistencias desde los territorios, que demandan el derecho a la vivienda y el derecho a la tierra, el derecho a la ciudad y a quedarse en sus territorios de origen. Este proceso entre resistencias y resiliencias, lo hemos denominado “el doble movimiento telúrico y social”. Dos movimientos a nivel nacional (MNRJ y FENAPO) y otros variados a nivel local, ponen como sus principales demandas, además de la (re)construcción de sus viviendas y ciudades, la función social del suelo y la propiedad, al exigir quedarse en sus territorios. Uno de los casos donde el movimiento social logró un triunfo, es el de Dichato, en el que, luego de importantes movilizaciones, los pobladores lograron que una gran mayoría de las viviendas se construyeran en la zona costera, además de que mejorarán su calidad. Al constatar las asimetrías en las soluciones comparando Dichato y otras ciudades, queda claro que fue gracias a la movilización radical que los pobladores lograron mejores condiciones. En muchos otros territorios florecen las demandas por la creación de bancos de terrenos para construir viviendas sociales, por ejemplo. Las reivindicaciones asociadas al derecho a la ciudad que empiezan a emerger, hacen hincapié en la función social del suelo y la propiedad, frente a la hegemonía actual del mercado.

 *Este artículo es una versión del capítulo “Chile: ciudades neoliberales y vulnerables. Entre reconstrucción post desastres y resistencias”, que es parte del libro: Mathivet, Charlotte (edit.) “La tierra es nuestra. Función social de la tierra y la vivienda. Resistencias y alternativas”. Colección Passerelle No 10. Ritimo/AITEC. París, 2014.  Publicación que será lanzada en el Foro Urbano Mundial en Medellín, Colombia, en abril 2014.

por Claudio Pulgar Pinaud, académico INVI FAU

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