Alternativas habitacionales para Chile ante emergencias por desastres socionaturales

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“Si los países no reducen su vulnerabilidad y refuerzan la capacidad de recuperación ante crisis financieras y desastres naturales, no serán capaces de garantizar la ampliación de los avances en la región en los ámbitos social, económico y ambiental”. Esto fue sostenido por Jessica Faieta, directora del PNUD para América Latina y Caribe. Lo dicho pone en el debate los costos que los Estados deben invertir en proteger a sus ciudadanos por años cuando sus viviendas se destruyen como consecuencia de impactos de terremotos y tsunamis.

Desde los “rucos”, la alternativa de refugio temporal que utilizó el Estado de Chile para responder al terremoto 9.5° Richter, de Valdivia en 1960, hasta los “barrios de emergencia” para el terremoto 8.2 Richter de Iquique 2014, casi nada se ha avanzado en ofrecer soluciones de emergencia dignas a los damnificados que ven mermada su calidad de vida de un modo imprevisible y violento.

Cuando sucede una catástrofe natural, no se puede aceptar que los ciudadanos disminuyan su calidad de vida cuando habiten transitoriamente en viviendas de emergencia, y ya es hora que las instancias políticas y operativas, definan estándares mínimos que deberían cumplir toda alternativa o solución habitacional transitoria para proteger a sus damnificados.

Últimamente se ha empezado a instalar en el debate especializado en estas materias, el planteamiento de que las alternativas para atender emergencias habitacionales, podrían ser “la primera etapa de una vivienda definitiva”. Estimo que tal alternativa podría ser posible cuando se pueda reconstruir en sitio propio. Ello en cambio, no sería posible cuando una emergencia implica atender a cientos o miles de compatriotas en un plazo de urgencia, más todavía si ellas ocurren en estaciones del año más frías o afectan zonas de temperaturas críticas.

A su vez, Chile todavía es un paraíso tributario para especular con el negocio del suelo y la Constitución de la República enfatiza el carácter sagrado y de respeto con de la propiedad privada. Estas dos características, entre otras, dificultan la rapidez para construir viviendas definitivas. Agréguese la dificultad que el agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y electricidad, son servicios privados y el Estado, por lo mismo, desconoce la vulnerabilidad de esos servicios y sus reales capacidades para responder a las urgencias súbitas.

Hoy el Estado no se compromete realmente al momento de ofrecer una alternativa de emergencia a los damnificados de las catástrofes. Al gasto insuficiente que hace el Estado en las viviendas de emergencia, se agrega casi siempre el aporte de los damnificados con recursos propios, donados o conseguidos, logrando en cualquier caso rangos de habitabilidad mucho peores a los que tenían antes del imprevisto.

Si ante las emergencias se entregara una solución de alta calidad, similar a las que donó hace poco una minera privada en Iquique, las políticas públicas estarían mejor evaluadas y habría una mayor satisfacción ciudadana es estas materias, por eso hoy ya es tiempo de avanzar en estas materias. No podemos dejar que ocurra lo mismo que en 20 años de políticas de vivienda social: dimos techos sin hipoteca económica pero con una gran hipoteca social. Por eso estamos hoy demoliendo y botando nuestros pocos recursos gracias a una mala planificación. Que nuestras soluciones y alternativas de emergencia no repitan el mismo error.

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Ricardo Tapia Zarricueta
Académico del Instituto de la Vivienda
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Fotografía: El Desconcierto

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