Día Mundial del Hábitat 2014: Algunas reflexiones desde el Instituto de la Vivienda

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Por Jorge Larenas

Director Instituto de la Vivienda (INVI)

Facultad de Arquitectura y Urbanismo U. de Chile

 

La convocatoria de ONU-Hábitat para la celebración del Día Mundial del Hábitat 2014 busca poner en la agenda global el persistente problema de los asentamientos precarios. Sin embargo, para efectos de la discusión a nivel nacional, proponemos desplazar el debate hacia la necesaria y cada vez más urgente articulación entre los desafíos propios de la provisión de viviendas y la planificación urbano-territorial.

Es así que para el Instituto de la Vivienda (INVI), el Día Mundial del Hábitat resulta una buena oportunidad para insistir sobre los temas pendientes que presentan a nivel nacional las políticas urbano-habitacionales y que por ahora restringen la posibilidad de producir mejores y más equitativas condiciones de vida para todos los miembros de nuestra sociedad.

En esta perspectiva y en el contexto de las actividades preparatorias del trigésimo aniversario del INVI (1985-2015), resulta altamente pertinente poner en el debate una preocupación central de nuestro instituto desde sus inicios, cual es la de consolidar un enfoque de análisis complejo de los problemas del hábitat, y que sintetizamos en la noción de “hábitat residencial”. Esto implica alejarse de miradas lineales que reducen el problema a aspectos técnicos y que, por tanto, pueden ser resueltos recurriendo exclusivamente a soluciones técnicas, sin considerar que los problemas del hábitat nos interpelan respecto a aspectos fundamentales del desarrollo, tales como la integración (o fragmentación) y la inclusión (o exclusión) de sus miembros.

En términos más sencillos, el hábitat hace referencia a los asentamientos humanos que no son meros agregados de individuos, sino que son el resultado de procesos sociales, políticos, económicos y culturales de largo aliento. Esto implica que nuestro hábitat no es “natural”, sino que es socialmente construido y refleja las tensiones y disputas que atraviesan a nuestra sociedad, es decir, no debemos omitir sus dimensiones socioculturales, político-económicas y territoriales.

Desde las coordenadas de la política pública, avanzar hacia enfoques de mayor complejidad implica dotarse de una institucionalidad de un orden distinto al que hoy disponemos, puesto que los desafíos que se han establecido de modo más o menos implícito apuntan a que debemos vivir en territorios más integrados e inclusivos, y ello necesariamente demanda un rol más activo del Estado en la planificación urbana y territorial.

En tal sentido, la actual discusión en torno a la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) configura un contexto inmejorable para profundizar el debate y avanzar hacia reformas acordes a la envergadura de los desafíos que enfrentamos como país en estas materias y por ello mismo resulta oportuno poner sobre la mesa algunas reflexiones que he propuesto en una reciente publicación que analiza los alcances de la PNDU[1].

Efectivamente, allí hemos planteado que resulta imprescindible que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo recupere un rol de relevancia en la planificación e intervención sobre el territorio, y para ello debe adquirir mayor control sobre la información respecto de la demanda potencial y de la oferta; de la disponibilidad de suelo dentro de los límites urbanos y sus precios; y de los proyectos que se están gestionando en cada ciudad, además del gran desafío de reponer la función social de la tierra por medio de la recuperación de la renta urbana.

Estimamos que solo de esta manera las políticas públicas podrán ser consideradas como generadoras de protección y legitimación social, que limiten los efectos desintegradores inherentes a las contradicciones sociales de los diversos actores involucrados. Asimismo, se requiere que aquellas asociadas a la construcción del hábitat residencial no respondan solamente a demandas individuales y fragmentadas, sino que sean entendidas como esfuerzos complejos e integrales orientados a la promoción de la integración e inclusión social. Para ello se debe tender a trabajar intersectorialmente y a desplegar mayores esfuerzos reflexivos y renovar la capacidad de observar e interpretar escenarios y campos de intervención. Además, resulta imprescindible que la política urbano-habitacional se articule con una política de suelo, pues de lo contrario seguirá expuesta a los vaivenes del mercado y difícilmente contrarrestará las tendencias de fragmentación y exclusión urbana.

Por último, nos parece relevante insistir en plantear que la reflexión que no podemos eludir es que cualquier modificación en la política pública (cualquiera sea ella) debe estar acompañada de una construcción alternativa de la realidad, de modos efectivos de comprensión e interpretación del mundo, y no remitirse solo a la solución de problemas.

 

[1] Larenas, Jorge “¿Es posible promover la integración social sin política urbana? Diagnóstico y reflexiones” Capítulo de libro en: Chile Urbano hacia el siglo XXI. Investigaciones y reflexiones de Política Urbana desde la Universidad de Chile. Ernesto López, Camilo Arriagada, Paola Jirón, Humberto Eliash (Editores). Páginas 257-264. Editorial Universitaria, Santiago. 2013.

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